Fiscalía judicializó a supuestos implicados en apropiación de recursos del posconflicto
Según el ente acusador pretendían beneficiarse con recursos superiores a los $45.000 millones.
La Fiscalía General de la Nación informó este lunes que imputó cargos por concierto para delinquir con fines de enriquecimiento ilícito a 4 personas, que habrían concertado con Marlon Marín, sobrino de Iván Márquez, el pago de sobornos para garantizar contratos del posconflicto.
Los cobijados con la medida son Bibiana Marleny Arias Garzón, María Elvira Valencia Gómez, Yésica Carolina Gómez Builes y José Domingo Ardila Neira, exdiputado de Santander y exconcejal de Socorro (Santander).
Según explicó el delegado de la Fiscalía, ese despacho recopiló suficientes evidencias sobre presuntos intermediarios pertenecientes a una red ilegal de ‘caza – contratos’ para garantizarles la entrega de los proyectos agrícolas y de construcción de las vías terciarias, definidos en el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto.
“Cobraban desde el 11 por ciento de ganancia con forma de pago del 50 por ciento al inicio y el otro 50 a la entrega del acta del negocio. Del mismo modo, se cobraba 20 millones de pesos por departamento, solo por la gestión ante varios funcionarios estatales adscritos al Ministerio de Agricultura”, indicó el fiscal a cargo de la investigación.
La apropiación ilegal de recursos del posconflicto se fundamenta en las áreas contenidas en el Decreto 691 de 2017 – Fondo paz, “Por el cual se sustituye el Fondo para la Sostenibilidad Ambiental y desarrollo Rural Sostenible en Zonas Afectadas por el Conflicto, por el Fondo Colombia en Paz (FCP)”, mediante el cual se reglamenta su funcionamiento.
Tales como el desarrollo de vías terciarias de acceso a zonas agrícolas, la implementación de proyectos productivos y la forma de financiamiento del posconflicto.
En audiencia pública fue advertido que la red giraba alrededor de Marlon Marín y que las actividades vulneraron los principios implícitos de protección a la seguridad y la administración pública, así como al orden económico y social.
Pretendieron apropiarse y salir beneficiados con dineros que corresponden a la construcción de carreteras terciarias para facilitar el comercio de productos agrícolas en las zonas de mayor impacto social en municipios de Antioquia, Boyacá y Santander.
“Pagaban coimas a funcionarios del Ministerio de Agricultura para resultar favorecidos en la adjudicación de los proyectos”, sostuvo el fiscal.
El ente acusador expuso una serie de llamadas telefónicas que implican en delitos contractuales al sobrino del negociador de paz alias Iván Márquez y a los imputados por hechos a de corrupción. En los audios, el hombre dice: “hay plata para todos ahí”.